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Cali

Uso excesivo de la fuerza en Cali sigue en la mira mundial

“Las autoridades colombianas violaron los derechos humanos de quienes se manifestaban pacíficamente en Cali, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza con el objetivo de desarticularlas”, dijo en un comunicado Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

En las manifestaciones que duraron hasta el 15 de junio, con algunas excepciones, “bajo la justificación del restablecimiento del orden, cientos de personas sufrieron lesiones terribles y decenas de jóvenes perdieron la vida”, agregó Guevara.

Igualmente, el texto que resume el informe ‘Cali: en el epicentro de la represión’ describió “actos de paramilitarismo urbano cometidos por civiles armados, quienes acompañaron a agentes de la Policía Nacional y, con su aquiescencia y tolerancia, atacaron a manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos”.

El documento se centra en fechas específicas en que tres manifestantes murieron por herida de arma de fuego (3 de mayo), el ataque de civiles armados contra indígenas, que dejó varios heridos (9 de mayo) y el de otro similar contra manifestantes el 28 de mayo.

Los hechos “responden a un patrón de accionar violento por parte de las autoridades colombianas, quienes han respondido a la protesta con estigmatización, criminalización, represión policial ilegal y militarización”, agregó el reporte.

Como se recordará, el Consejo de Estado de Colombia suspendió esta semana el decreto presidencial 575 de 2021, que ordenaba la “asistencia militar” a gobernadores locales, en el marco de la protesta. Por su parte, el presidente Iván Duque anunció que impugnaría esta decisión.

“El Consejo de Estado, ante la amenaza del derecho fundamental a la protesta social, suspendió transitoriamente el Decreto 575 del 2021, por medio del cual el Gobierno Nacional impartió medidas para el restablecimiento del orden público”, anunció el Consejo en un comunicado.

La decisión implica que el acto administrativo no seguirá en vigencia hasta tanto la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo emita un veredicto en torno a la legalidad de la medida firmada por Duque el pasado 28 de mayo, a raíz de los bloqueos de carreteras y actos de vandalismo que tuvieron lugar en las protestas contra su Gobierno entre el 28 de abril y el 15 de junio.

El Consejo tomó la decisión de suspender de manera provisional la medida tras una acción interpuesta por varios ciudadanos de Cali, que consideraron que la respuesta de las fuerzas policiales y militares a los disturbios originados en las protestas en esa ciudad “estaba poniendo en riesgo el ejercicio de su derecho a la protesta social, a la vida e integridad personal, al debido proceso y a no ser sometidos a desaparición forzada”.

 

 

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