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Procuraduría pide cierre de Johnny Cay en San Andrés

La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales presentó algunas peticiones  de protección ambiental ante tribunales superiores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Estas tienen como objetivo proteger y promover el derecho colectivo de los habitantes del archipiélago, a tener un ambiente sano y saludable para vivir.

Por tal motivo, en una de dichas intervenciones se solicitó que se cerrara de manera temporal o definitiva, el islote Johnny Cay, ubicado a 1.5 kilómetros de San Andrés, considerado uno de los principales atractivos de la isla.

La solicitud surgió como una medida cautelar en la que se reclama la salubridad,  el reevalúo del control del ingreso de turistas y la supervisión de las actividades comerciales desarrolladas en este lugar, informó la entidad en un comunicado.

Ante esto, Geraldin Rodríguez, turista manifestó que “esperamos que el cierra sea temporal porque sería muy triste que prohibieran la visita a un lugar tan hermoso. El aspecto negativo de esto es que siempre hay demasiado flujo de turistas, cada dos horas están evacuando una cantidad impresionante de gente”.

También, Rodríguez relató que durante su visita al cayo observó como las personas tocaban en exceso a los animales del mar “habían personas que se quedaban tocando un resto de tiempo las mantas rayas y las estrellas de mar y pues supongo que no pueden estar por fuera del agua tanto tiempo. Eso me molestó mucho”.

Lo anterior, deja en evidencia que no hay regulación del turismo en la zona y que esta condición afecta directamente la naturalidad de los ecosistemas y la apacibilidad de los hábitats.

De igual manera, Pablo Marino Silva, nacido en esta isla, expreso que “esta sentencia contribuiría  a la recuperación de la estructura ecológica del cayo porque actualmente está muy deteriorada a causa del turismo”.

“En Johnny Cay hay mucha afluencia de turistas sin ningún respeto al entorno, el espacio es muy reducido y con ninguna infraestructura adecuada para el manejo de residuos y no hay ningún tratamiento de las aguas negras u grises las cuales caen directamente al mar”, completó Silva.

Por otra parte, la Procuraduría presentó una solicitud de desacato de la sentencia del 17 de febrero de 2014, en la que se exigió la  protección de los derechos colectivos de los habitantes de Providencia y Santa Catalina y pidió la potabilización del agua del municipio.

Así mismo, en esta sentencia se pidió la inspección del flujo poblacional de la isla. Sin embargo, en la demanda  se expuso que la Gobernación “no ha realizado el debido seguimiento sobre la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE), frente al control poblacional, en cumplimiento con la orden que dispuso, entre otras actividades”.

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