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INTERNACIONAL

Más alimentos y menos impacto ambiental en Latinoamérica

América Latina y el Caribe, que comprende el 16 % de la superficie terrestre del planeta y el 9 % de su población, “tiene un gran potencial para elevar su producción de alimentos de manera sostenible”, dijo a Maya Takagi, líder de Programas Regionales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés.

La región contiene el 50 % de la biodiversidad mundial, el 23 % de la cubierta forestal total, el 31 % del agua dulce y el 12 % de la tierra que se cultiva actualmente.

“Toda esta riqueza natural sirve de base para una producción agrícola y alimentaria abundante y diversa. Sin embargo, tenemos que producir más alimentos, pero también reducir el impacto ambiental, ahí está el desafío”, señaló.

Siete trayectorias de transformación hacia una agricultura sostenible en nueve países demostraron que el desafío no es imposible, según el informe de la FAO ‘Hacia una agricultura sostenible y resiliente en América Latina y el Caribe’, publicado en junio de 2021.

Colombia, una de las siete experiencias

En este país, las mesas técnicas agroclimáticas permitieron que un gremio bananero en Magdalena y La Guajira redujera en 15 % sus pérdidas por efectos climáticos y un 25 % en el uso de fertilizantes por hectárea.

También en Colombia y además en Guatemala, un proyecto de manejo forestal comunitario permitió impulsar la conservación de los bosques, generar empleo, y aumentar la inversión en desarrollo social y productivo.

En Ecuador, un desarrollo de ganadería climáticamente inteligente en 800 fincas permitió que 1056 pequeños agricultores incrementaran su producción de leche, sus ingresos en 40 %, mejorarán la calidad de los suelos en 40.000 hectáreas, y disminuyeran en 20 % sus emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, al evitar más de 24.000 toneladas de GEI.

En México, un proyecto de fomento de tecnologías eficientes y bajas en emisiones en la agricultura y la agroindustria permitió que 1842 agronegocios redujeran sus emisiones netas de GEI en 6 millones de toneladas de CO2 eq, además de producir energía a partir de biomasa.

En Uruguay, un proyecto de buenas prácticas y alternativas al uso de plaguicidas que trabajó con más de 2000 técnicos y productores permitió demostrar que es posible reducir hasta en un 70 % el uso de herbicidas en un ciclo de producción de soja, sin afectar en nada el rendimiento y sin aumento de costos: supuso un ahorro en promedio de US$40 por hectárea.

En Chile, los Acuerdos de Producción Limpia permitieron a 340 miembros de la agricultura familiar de la región del Maule aumentar en
15 % sus ingresos, reduciendo su uso de energía, sus emisiones de GEI, sus residuos y uso de plaguicidas, además de mejorar el uso del agua y el suelo.

Un proyecto de gestión sostenible de las pesquerías de arrastre, principalmente de camarón, permitió reducir en hasta 36 % la pesca no intencionada de especies gracias a nuevas redes y tecnología, y así disminuir el impacto ambiental en Brasil, Surinam y Trinidad y Tobago.

Condiciones para replicar los casos al resto de Latinoamérica

En un contexto de empobrecimiento y hambre regional por la pandemia, Takagi aseguró que “los recursos públicos que se destinen a la recuperación de las economías serán clave”.

Así ya lo han demostrado los estímulos de recuperación tras la crisis financiera de 2008: “Por cada US$1 millón invertidos en la restauración de ecosistemas, se crearon 10 veces más empleos que las inversiones en el sector del carbón o nuclear”, recordó.

“Con la mitad de las tierras de América Latina y el Caribe degradadas, un esfuerzo para restaurarlas, ya sea para conservación o para uso productivo, podría generar importantes beneficios económicos, de empleo y climáticos”, advirtió Takagi.

Sin embargo, los recursos monetarios no son los únicos desafíos que enfrentan los Estados a la hora de avanzar hacia producciones ambientales sostenibles, climáticamente resilientes, y que mantengan la productividad al mismo o menor costo.

De las siete experiencias, Takagi señaló que “en particular, surgieron cuatro factores “relevantes de dificultad” para los Estados:

La generación de información

El desarrollo de capacidades especializadas

La coordinación interinstitucional

La capacidad de aportar un acompañamiento sostenido por periodos extendidos.

“Contar con voluntad política y generar convicción sobre la pertinencia del cambio fueron elementos centrales para viabilizar los procesos de transformación y ahí el Estado también es clave”, concluyó.

Hacen recomendaciones a los países

De las siete trayectorias surgen una serie de aprendizajes “que pueden servir para que otros proyectos transformacionales superen las barreras que se presenten y así se repliquen de forma masiva los cambios en la región”, indicó.

Son seis las recomendaciones principales que se derivaron del análisis de los casos:

Hacer visibles los múltiples beneficios y cobeneficios de las iniciativas para todos los actores involucrados, poniendo énfasis en sus características distintivas (temporalidad, mayor o menor apropiabilidad, etcétera).

Conocer mejor al agricultor y hacerlo parte integral del desarrollo e implementación de las medidas. Desarrollar capital social y capacidades de innovación.

Reconocer la diversidad de factores que pueden convertirse en barreras y dificultar el escalamiento de las medidas. Incorporarlas desde un comienzo a la estrategia de escalamiento.

Aprovechar las fortalezas de todos los actores involucrados para el escalamiento. Las alianzas público-privadas son una dimensión central de esta recomendación.

Realizar un análisis financiero que considere la perspectiva de cada actor, particularmente del productor, para entender el efecto que genera el cambio y permitir el diseño de estrategias que reduzcan la brecha temporal entre costos y beneficios.

Asegurar que las medidas cuenten con mecanismos que confirmen su continuidad, transparencia y credibilidad, para que puedan perdurar en el tiempo.

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