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Nación

Fotomultas dejarán de ser un negocio

Las fotomultas dejarán de ser un negocio para las empresas privadas que realizan la operación de este sistema junto con el Municipio, contratistas, operadores de los puestos de control y las autoridades respectivas.

Por medio de un último debate de la plenaria de la Cámara de Representantes, el Congreso aprobó el proyecto de ley que regula la instalación de cámaras para imponer fotomultas en las carreteras del país.

En el momento en que esta ley inicie, los diferentes operadores deben ajustarse a los criterios del Ministerio de Transporte, es decir, esta situación dejará de ser un negocio en el momento en que las entidades públicas deben notificar el porqué, en términos de seguridad vial, esa cámara está instalada.

De acuerdo con la nueva norma, las cámaras deberán tener una justificación, además de estar calibradas y se asegure que está en condiciones de funcionar.

Los autores del proyecto de ley fueron los senadores Antonio Guerra (Cambio Radical), Mauricio Lizcano (La U) y Mauricio Aguilar (Opción Ciudadana). “Las cámaras para imponer comparendos se han convertido en el dolor de cabeza de muchos colombianos en los últimos cinco años”.

A su vez, el Ministerio de Transporte tendrá que expedir en seis meses una reglamentación con unos criterios técnicos para la instalación de cámaras para imponer fotomultas a los vehículos que violen las normas de seguridad vial.

Igualmente, los autores del proyecto de ley, dicen: “La atribución de posibles infracciones teniendo la fotografía como medio de prueba ha llegado a ser un negocio en el que las autoridades de las diferentes entidades territoriales realizan contratos de concesión a particulares”.

Algunos alcaldes realizan convenios con operadores privados para la instalación de cámaras, hecho que beneficia directamente a dichos particulares, al obtener ganancias en un alto porcentaje de la multa impuesta.

Ciro Jaramillo, docente y experto en movilidad de la Universidad del Valle, expuso: “Es vital y muy importante que  a través de la tecnología se mire el comportamiento de los usuarios en las vías, independiente de las concesiones que puedan tener cada uno de los contratos,  en las ciudades debe existir un control”.

Así mismo, el docente, indicó: “Definitivamente debe haber un control exhaustivo para que la irregularidades no se presenten, porque daría mucha tristeza que a través de algún mecanismo judicial se desmontara las fiscalización a través de estas tecnologías”.

El experto en movilidad enfatizó: “Si el proyecto de ley trajera el desmonte de las cámaras yo no le veo nada de bueno, lo importante es que siga existiendo el control, no tendría cara para explicarle a una persona que pierde su hijo en un accidente, de decirle que no están los mecanismos suficientes para medir la infracción”.

 

 

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