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Opinión

¿LA VERSIÓN DEL GENERAL MARTÍNEZ O LA NARRATIVA CASTRENSE?

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Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Junto a los procesos judiciales que la JEP adelanta y sobre los cuales deberán fallar sus magistrados, marchan de forma paralela ejercicios de construcción de discursos que buscan explicar, desde variados puntos de vista, lo acaecido durante este largo y degradado conflicto armado[1] interno que aún sufre Colombia, a pesar de la desaparición de las Farc como guerrilla. 
El asunto de explicar cómo surgió o se generó el conflicto armado interno y cómo se degradaron sus actores armados (legales e ilegales), quiénes los auparon, financiaron y cuáles fueron y son aún las condiciones contextuales que los legitimaron y legitiman, deviene histórico y por supuesto contaminado por posturas políticas y orígenes ideológicos aparentemente irreconciliables; y con mayor preocupación y necesidad se busca saber cuáles son las responsabilidades penales, ambientales y políticas que deberán asumir tanto las fuerzas armadas estatales y específicos agentes del establecimiento, como las guerrillas y por supuesto, los paramilitares, actor armado al servicio del régimen de poder. 
Las guerrillas tienen, digamos, consolidada más o menos una sola narrativa, aunque podrían haber diferencias que nacen de las orientaciones de cada grupo subversivo y sobre todo, de las aspiraciones de sus comandantes de fijar, para siempre en la historia, una verdad histórica-política que termine por reivindicar su lucha, así los logros no los satisfagan del todo, si  se tiene en cuenta que buscaban tomarse el poder a tiros y no lo lograron.  
La Academia también ha participado en la construcción de unas narraciones que varían de acuerdo con la rigurosidad de los estudios, los egos de los investigadores y académicos y por supuesto, sus lecturas ideologizadas. El caso del historiador Darío Acevedo es ejemplarizante desde esa perspectiva, por cuanto él hace parte de un grupo de políticos, historiadores, profesores y ciudadanos del común que niegan la existencia del conflicto armado. Es claro que Acevedo funge como una suerte de historiador oficial especial, quien al estar alineado a la tesis negacionista impuesta por el presidente Uribe (2002-2010) en su política de defensa y seguridad democrática, solo acepta que lo que hubo en Colombia fue o es una “amenaza terrorista”. Al estar al frente del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), muy seguramente Acevedo buscará re-orientar las narraciones, los discursos y las historias documentadas por su exdirector, Gonzalo Sánchez, enarbolando la tesis que niega la existencia del conflicto armado. 
Las Fuerzas Militares en particular y en general la fuerza pública, han ofrecido a través del tiempo toda suerte de narraciones y narrativas alrededor del conflicto armado interno. La adopción y aplicación extendida de la doctrina de seguridad nacional y con esta el principio del enemigo interno hace parte de esos primeros ejercicios con los cuales las figuras castrenses han buscado imponer su verdad, que no es otra que la defensa un orden establecido que deviene natural y originalmente legítimo. 
Todas esas versiones, finalmente, y en virtud del proceso de paz adelantado entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc-Ep, deberán confluir en los mecanismos e instancias dispuestos en el Acuerdo Final II, para los efectos de construir verdad y  aplicar justicia. Es decir, la Comisión de la Verdad, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la propia JEP confluirán esas narrativas, discursos, posturas y explicaciones de todos aquellos que de manera directa e indirecta participaron de las hostilidades y se movieron en esa delgada línea que hay entre victimarios y víctimas. 
Se conoce hoy 21 de agosto de 2019  que el general Nicacio Martínez Espinel, por cuenta de un artículo del diario EL PAIS[2] de España, emitió una directriz conducente a preparar una narrativa institucional coordinada sobre el conflicto armado interno y la participación de las fuerzas militares en las dinámicas propias de esa guerra desigual que se vivió en Colombia por más de 50 años. Narrativa que deberá alimentar la verdad que Martínez y su cúpula, con el apoyo de Acore, quieren llevar e imponer en la Comisión de la Verdad, el CNMH y en la propia JEP. 
Según lo trascendido e informado por el diario europeo y replicado por varios medios colombianos, entre ellos EL ESPECTADOR, lo que se busca consolidar es una acción discursiva y narratológica conducente a contra argumentar y por esa vía enfrentar los discursos de académicos y los de los excombatientes de las Farc.  Se lee en el medio español que “la narrativa –dice el comandante del Ejército– “busca guiar la posición institucional en los espacios de verdad y memoria histórica” y se hará a través de tres frentes: “Las líneas de contra argumentación, el esclarecimiento de casos emblemáticos y la visibilización de afectación de las víctimas militares[3].
Hay que reconocer que Martínez Espinel no cayó en la trampa de la tesis negacionista de Acevedo y de Uribe, lo que sin duda pone la discusión sobre los orígenes y las características mismas del conflicto armado interno  en el lugar en donde el historiador y el expresidente intentaron sacarla, para ubicarla en el terreno fangoso de una amenaza terrorista, vista así con el único propósito de negar la existencia de víctimas y de ocultar los desmanes y crímenes cometidos por quienes juraron defender la Patria y un uniforme investido de legitimidad estatal. Como hombre de armas, Nicacio Martínez reconoce el conflicto, así caiga en la trampa discursiva de llamar terroristas a quienes se levantaron en armas contra el Estado, asunto, circunstancia y hecho político (lucha por el poder), así en momentos precisos hayan apelado a prácticas terroristas. 
En el ya referido documento directivo que Martínez Espinel puso a circular al interior de las Fuerzas Militares, en particular dentro del Ejército como fuerza que enfrentó desde temprano las dinámicas de un conflicto armado que se fue complejizando y degradando, se lee lo siguiente:  “Es necesario señalar que la institución ha sido garante y respetuosa del Estado social y democrático de derecho, actuando siempre en el marco de la misión constitucional asignada y bajo los lineamientos estratégicos del poder ejecutivo”, insiste el general Nicacio Martínez en el plan 002811[4].
Se colige de lo informado por los medios masivos citados aquí en esta columna, que Martínez busca posicionar la idea, dentro de la narrativa institucional sobre el devenir del conflicto armado interno,  que los militares también son víctimas. Esa discusión conceptual pasa por lo ideológico y lo político y toca, por supuesto, lo jurídico, en particular en lo que tiene que ver con el DIH y aplicación de las normas de la guerra. Insistir en que los militares también son víctimas es una no tan vieja pretensión con la que se insiste en el si viejo discurso heroizante con el que los militares en Colombia, con la ayuda de los medios y los gobiernos, suelen verse y presentarse ante los civiles. 
Quiero pensar que Nicacio de Jesús Martínez busca con ello un reconocimiento especial a quienes cayeron en manos de las guerrillas en la condición de “secuestrados, prisioneros de guerra o retenidos”. Si es así, con esa narrativa, entonces, los exfarianos insistirán en la misma tesis cuando sus miembros fueron capturados y confinados en cárceles estatales. De igual manera, habrá que reconocer como víctimas a quienes sufrieron torturas y vejámenes siendo combatientes y aquellos que, siendo ideólogos y simpatizantes de la lucha armada, pernoctaron y murieron en las caballerizas de Usaquén y de otras guarniciones, durante la aplicación de políticas represivas como las que aplicaron Turbay Ayala y Uribe Vélez (Estatuto de Seguridad y Seguridad Democrática). 
No hay que oponerse a que el Ejército, en cabeza del general de cuatro soles, Nicacio Martínez construya o reconstruya una verdad, a partir de una nueva narrativa. Lo que se pide es que se haga de cara al país y que lo narrado pueda discutirse ampliamente tanto dentro de las fuerzas militares, como por fuera de estas. 
Lo que no puede se puede aceptar es que esa narrativa institucional termine por ocultar la degradación y el cambio misional que se dio al interior de la fuerza con la ocurrencia de los Falsos Positivos[5]. Por el contrario, se le pide y se le exige al General que en la narrativa que se conciba, estos crímenes y graves violaciones al DIH se expongan para vergüenza de las fuerzas militares y por esa vía quede proscrita esa infame práctica de ponerle valor (monetizar) la vida de civiles inermes, para conseguir ascensos, permisos, vacaciones y bonificaciones, ganados con la desaparición física y el daño moral de cientos de ciudadanos que fueron asesinados y luego vestidos como guerrilleros muertos en combate. 
Igualmente, se espera que en esa nueva narrativa oficial de lo acaecido en más de 50 años de conflicto armado interno en Colombia, salgan a relucir las acciones y decisiones operacionales que terminaron por alimentar y extender en el tiempo las hostilidades, para beneficio de particulares señores de la guerra. Y también, que se indiquen las disputas por el presupuesto,  las peleas y celos intestinos que se presentaron entre las distintas fuerzas y que de muchas maneras terminaron siendo aprovechadas por las guerrillas para crecer con sus frentes. De igual manera, que se registren las colaboraciones individuales que oficiales y suboficiales tuvieron con grupos armados ilegales, incluyendo a las propias guerrillas. Por ejemplo, con la venta de material de intendencia. De igual manera, que se registren los casos de corrupción que impidieron, operacionalmente, cumplir con la misión de someter al enemigo interno. 
Y se sugiere al general Martínez que señale a agentes del establecimiento que auparon a las fuerzas armadas para extender en el tiempo la guerra como una forma de beneficiarse económicamente, a partir del abandono de territorios por parte de comunidades que huían para salvar sus vidas. Ojalá no estemos ante la versión particular que Martínez tiene del conflicto armado colombiano.

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