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Nación

Extradición de Salvatore Mancuso en veremos

La extradición a Colombia de Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar condenado por narcotráfico en Estados Unidos, generó preocupación en la organización Humans Rights Watch y un nuevo choque entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y la Fiscalía General de la Nación, al no tener seguridad para llevar a cabo su entrega.

Según José Miguel Vivanco, director de la organización Human Rights Watch, “la Fiscalía considera que no es posible presentar una solicitud de extradición respecto de un indiciado que tramita una solicitud de sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”. Según el periódico El Espectador.

Vea el comunicado de la Fiscalía:

Fiscalía Colombia @FiscaliaCol #ATENCIÓN | Comunicado de la #Fiscalía General de la Nación

La magistrada de la JEP, Patricia Linares le señala al fiscal que “el hecho de que actualmente curse una apelación de mancuso a la negativa de la JEP a aceptarlo, no impide que las autoridades judiciales y gubernamentales de Colombia tramiten su extradición”. La magistrada Linares le pide a la Fiscalía “aclarar a las víctimas, a las organizaciones que las representan, y a la opinión pública en general, como lo haré yo haciendo pública esta comunicación, que el trámite de extradición de los Estados Unidos hacia Colombia es una competencia que recae exclusivamente en la autoridad judicial que conoce del o los procesos adelantados en contra del requerido y de los gobiernos de ambas partes”. Según el periódico El Espectador.

Este es el comunicado de la JEP ante la extradición de Salvatore Mancuso:

Jurisdicción Especial para la Paz @JEP_Colombia Ante una inquietud expresada por @hrw, la presidenta de la #JEP, magistrada Patricia Linares, le envió este miércoles una carta al Fiscal General, Francisco Barbosa, en la que asegura que no hay ningún impedimento para que Colombia tramite la extradición de Salvatore Mancuso

Según el periódico El Espectador “Mancuso fue un combatiente activo que, como los demás paramilitares, debe ser juzgado en el tribunal de Justicia y Paz, creado después de la desmovilización de las AUC. En medio de la coyuntura, la sala del Tribunal Superior de Barranquilla aseguro que contra mancuso hay dos órdenes de captura internacionales vigentes”.

El ente investigador citado por el periódico El Espectador, explica en un comunicado, que está liderando “un trabajo de cooperación institucional la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y la Embajada de Estados Unidos han evaluado distintas opciones para lograr la extradición de Mancuso Gómez a Colombia”.

Salvatore Mancuso ha sido tendencia en Twitter en la mañana, estos son algunos tweets:

Carlos Uriel Nieto @CarlosuNieto Quienes esperábamos las declaraciones del jefe paramilitar Salvatore Mancuso en la JEP, quedamos con los crespos hechos. LA FISCALIA @FiscaliaCol no hizo nada para traerlo, y lo llevan a ITALIA dónde no extraditan a sus ciudadanos. #AntiUribistaSigueAntiUribista voló y voló

Julio Sánchez Cristo @jsanchezcristo #TraerAMancuso Es traer parte de la verdad a Colombia, el capítulo que falta de los paramilitares, la relación con los empresarios.

 Gustavo Rugeles @GustavoRugeles La @FiscaliaCol y @MinjusticiaCo solicitaron a EEUU @USEmbassyBogota extradición de Salvatore Mancuso. Surtió efecto la llamada de @AlvaroLeyva para conectar los intereses de FARC @TimoFARCy los extraditados paramilitares sometidos con libreto ante @JEP_Colombia @AlvaroUribeVel

¿Quién es Salvatore Mancuso?

Salvatore Mancuso Gómez nació el 17 de agosto de 1964 en la ciudad de Montería departamento de Córdoba, es un narcotraficante y exjefe paramilitar condenado por la justicia colombiana, por homicidio y tortura en persona protegida, toma de rehenes, desaparición forzada, desplazamiento forzado en población civil, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, con el pasar de los años fue sumando una colección de alias a su nombre: Mono Mancuso, Santander Lozada, Manuel y Triple Cero, según el artículo de la BBC.

Según la BBC, su camino por los tribunales comenzó en el año 2004, en el marco de lo que se conoció como el proceso de desmovilización de los paramilitares, al que su grupo llego tras un acuerdo con el gobierno.

Fue condenado a 40 años de prisión, 20 años de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y al pago de una multa de 50.000 salarios mínimos, unos US$10 millones al cambio actual.

 

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