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Informe Especial

Cadena Perpetua para abusadores de menores bajo la lupa

El pasado martes se conoció la escabrosa historia de una niña indígena Emberá Chamí de 11 años que había sido violada en Risaralda por 7 soldados del Ejército Nacional. De esta manera, el caso revivió el debate sobre el proyecto legislativo que busca legitimar la cadena perpetua, incluso el presidente, Iván Duque, dijo “si nos toca inaugurar la cadena perpetua con ellos, lo haremos”, omitiendo que está aún debe pasar por la Corte Constitucional, entre otros trámites.

Primero, hay que entender la gravedad de la problemática del abuso sexual en Colombia, según datos de la Fiscalía presentados por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) en el 2019 hubo 28 285 denuncias por delitos sexuales contra menores de 14 años, de las cuales 14 487 casos fueron evacuados el mismo año, en su gran mayoría porque se archivaron. Además, solo el 12 % de esas denuncias tuvo una sentencia y 1 351 o el 9 % de los casos tuvieron una condena, el resto fueron absueltos.

Además, se debe contextualizar que el proyecto de cadena perpetua para crímenes contra menores de 14 años ha tenido 20 intentos en su paso por el Congreso de la República entre el 2010 y el 2018; la mayoría de las críticas apuntan hacia la inconstitucionalidad, la inefectividad de la medida, las consecuencias negativas que tendría en el juzgamiento de los casos, entre otros factores.

Estos son algunos de los puntos más importantes para entender las dos posiciones sobre la cadena perpetua.

Pena máxima en Colombia de 60 años para abusadores vs Cadena perpetua

Uno de los puntos que más se ha hablado, es la comparación directa con las penas existentes para abusadores de niños. En el 2009, el Congreso de la República aprobó el aumento de la pena máxima en Colombia a 60 años, sin embargo, esto no significa que a los abusadores se les imponga directamente la medida.

Por ejemplo, en el caso de Rafael Uribe Noguera que tuvo una condena de 51 años de cárcel, fue debido a la tipificación del delito contra la niña Yuliana Samboní, feminicidio y secuestro; el acceso carnal violento solo fue un agravante de la pena principal. Lea más información aquí: https://www.realidad360.com/condenan-a-51-anos-de-prision-a-rafael-uribe-noguera/

El artículo 208 del código penal establece que el acceso carnal abusivo con menor de 14 años puede incurrir en prisión de 12 a 20 años, por su parte, el artículo 209 cita que los actos sexuales con menor de 14 años o que le induzca a prácticas sexuales o que realice actos sexuales en su presencia incurrirá en prisión de 9 a 13 años.

Ahora bien, las penas mencionadas pueden ser aumentadas según las circunstancias como cita el artículo 211 del código penal, “pueden aumentarse cuando se comete con la participación de más personas, el responsable del delito tuviese alguna relación de autoridad con la víctima, el implicado tuviera una ETS, la conducta la realizara un pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o con persona que se halle integrada a la unidad doméstica, se produjera un embarazo; o se cometiera en personas en situación de vulnerabilidad étnica, discapacidad, ocupación o edad”, explicó Camilo Coral, abogado y jurista de la Universidad Libre.

De esta manera, uno de los argumentos más fuertes de la oposición a la cadena perpetua radica en los siguiente: suponiendo que una persona es condenada con la pena máxima, teniendo 18 años estaría saliendo aproximadamente a los 78 años, aunque, la Rama Judicial informó que el promedio de la edad de los agresores sexuales en Colombia es de 39 años, lo que implicaría que pasaría toda su vida en prisión.

Reducción de penas y beneficios

Actualmente, el Código de Infancia y Adolescencia estipula que los delitos sexuales cometidos contra los niños, niñas y adolescentes no tienen ningún beneficio; es decir, “la medida de aseguramiento debe ser siempre detención en establecimiento de reclusión, no se otorga beneficio de sustitución de detención preventiva en establecimiento carcelario, tampoco libertad condicional, ni la rebaja de pena producto de preacuerdo o negociación, ente otras cosas”, agregó Coral.

Sin embargo, el sistema penal colombiano está basado en la resocialización y no en el acto vengativo, esto quiere decir que, a cualquier reo en Colombia, sin importar su delito, se le otorga el reconocimiento por estudio o por intentar resocializarse. Aunque, según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) solo el 10 % del total de los condenados por delitos sexuales accede a esta medida.

Por otra parte, el proyecto de la Cadena perpetua establece que “en todo caso la pena será revisable en un plazo máximo de 30 años en los términos que establezca”; es decir, cada 25 o 30 años las condenas serán revisadas para evaluar la resocialización.

En este orden de ideas, “la revisión podría implicar que se levante dicha pena al reo y se fije una pena con finalidad, realizando una rebaja de pena o estableciendo un mecanismo para la resocialización que implique pagar menos tiempo en condena”, explicó el jurista, Coral.

Curiosamente, “la revisión de la prisión perpetua es una de las figuras que utilizan quienes se encuentran a favor de esta para justificar y argumentar la no vulneración de tratados internacionales ni de la carta constitucional”, agregó el jurista.

De igual manera, el procedimiento y protocolo de esta revisión, en caso de aprobarse el proyecto, deberá ser adoptado y desarrollado con posterioridad en una ley que introduzca los cambios y la probabilidad de la rebaja de pena o libertad. “Sin embargo, teniendo en cuenta el hacinamiento carcelario y demás fenómenos en las cárceles, es probable que se presenten algunas rebajas”, opinó el abogado.

Efectividad del aumento de penas

Las personas que quieren que se apruebe la cadena perpetua dicen que la medida podría tener efectos a futuro en la prevención de nuevos casos, “los países que tienen implementada la pena de prisión perpetua ha sido que sí. Es decir, que el temor a no salir nunca de un establecimiento carcelario sí conlleva a que mucha gente se abstenga de cometer este tipo de delitos”, dijo el senador liberal Miguel Ángel Pinto, coordinador ponente del proyecto.

Según la ONG ´Penal Reforma International´, más de 180 países permiten la prisión de por vida para una amplia cantidad de delitos y en algunos casos ha habido una reducción de estos, sobre todo en países europeos.

Sin embargo, en Colombia, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre 2005, un año después del primer aumento de penas a abusadores de niños, y 2018, los exámenes médico – legales por presunto abuso sexual a menores de 14 años pasaron de 3 087 a 19 793.

“A pesar de que Alemania y Francia tienen cadena perpetua revisable, es una imprecisión pretender comparar los escenarios como si fuesen iguales. El contexto colombiano guarda muchas diferencias con los países europeos, nuestras particularidades como país también influyen en la ocurrencia de delitos; y las condiciones educativas y socioeconómicas”, dijo el abogado Coral.

“En 2005 hicimos un aumento considerable de penas. El mismo Fiscal General de la Nación, de ese entonces dijo: ‘no necesito que me suban penas, necesito que me den más presupuesto y recursos para investigar y sancionar a estos criminales’. Subir las penas es simbólico, es un derecho penal de fachada que solo sirve para ganarse los aplausos de la gente y distraer la atención en estos momentos de profunda crisis económica”, opinó, el senador Rodrigo Lara a Colprensa.

Además, la oposición indica que los mecanismos correctos para la prevención de posibles casos de abuso sexual infantil en futuro son “protocolos de prevención, educación, atención y respuesta; la administración pública debe centrarse en fortalecer canales de atención seguros y eficaces, programas de educación y prevención acompañados incluso de programas impartidos por el ministerio de educación en los colegios para mitigar de forma temprana cualquier atisbo de estas conductas”, dijo Camilo Coral.

Por otra parte, una de las consecuencias negativas de la cadena perpetua, que señalan algunos juristas es que esta, hace mucho más difícil que se denuncie y se llegue a una condena. “Se debe garantizar la capacidad de investigación de la Fiscalía y la fortaleza de sus casos para demostrar científica y técnicamente la culpabilidad de alguien más allá de toda duda. Investigaciones débiles dificultan la labor de los jueces. Esto es muy peligroso, ¿con qué tranquilidad va a mandar uno a una persona toda su vida a la cárcel si no hay pruebas seguras?”, dijo Hermens Darío Lara, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, a El País.

Inconstitucionalidad

La Constitución política de Colombia en su articulo 34 dice que “se prohíben penas de destierro, cadena perpetua y confiscación”. El proyecto legislativo de la cadena perpetua busca modificar este artículo.

“La corte constitucional tiene un control no material del proyecto de acto legislativo, sino un control de las formalidades”, explicó Coral.  Es decir, la Corte es la única entidad que puede decidir si el proyecto de ley es inconstitucional y promueve a los ciudadanos los actos reformatorios de la constitución.

Frente a lo anterior existen dos posturas; las personas que están a favor alegan que si bien se está pidiendo la modificación de la Constitución, primero, el proyecto está en armonía con la protección de los derechos de los niños, y segundo, al aplicarse la revisión dentro de los 30 años se garantiza la protección de los derechos humanos.

Por su parte, la oposición dice que parte de la propuesta puede violentar los convenios suscritos a los derechos humanos, en cuanto a que la base de la Constitución política de Colombia se basa en el control de convencionalidad que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual cataloga la cadena perpetua como un castigo que desatiende a la prohibición de tratos crueles e inhumanos, siendo un castigo desproporcionado.

El articulo 93 de la constitución dice que “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.

Caso de la niña indígena Emberá Chamí

Si bien el presidente de Colombia, Iván Duque dijo en una alocución “Si nos toca inaugurar la cadena perpetua con ellos, lo haremos”, diversos abogados se han pronunciado al respecto asegurando que el presidente está incurriendo en errores jurídicos.

“No puede imponerse cadena perpetua hasta que la ley desarrolle la reforma constitucional que la autorizó y diga específicamente en qué delitos se aplica”, dijo el investigador de justicia, Rodrigo Uprimny, por medio de Twitter.

Además, enfatizó en que no es la labor de la presidencia imponer la condenas, “quien finalmente podría imponer la cadena perpetua en un caso concreto es el juez penal y no el Gobierno, después de la una acusación de la Fiscalía. A quien corresponde decidir si, conforme a la ley, pide cadena perpetua, es a la Fiscalía, no al Gobierno. El presidente no puede siquiera solicitar la cadena perpetua”, agregó.

De hecho, cualquier juez que intente imponer la cadena perpetua antes de que sea aprobada por la Corte Constitucional estaría incurriendo en una ilegalidad que le podría dar hasta 20 años de cárcel.

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