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Informe Especial

Buscan que la capital del Valle sea de verdad un distrito especial

Por Paula Naranjo

Luego de que la Ley 1933 de 2018 fuera promulgada por el Congreso de la República, el Gobierno local mueve a Cali como si fuera un rompecabezas, en busca de la reorganización que implique que esta capital sea de verdad distrito especial. Por eso se tiene previsto que en junio de este año se presente el proyecto de acuerdo ante el Concejo de Cali.

De acuerdo con el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, los distritos especiales, según la Ley 1617 de 2013,  “son entidades territoriales organizadas que se encuentran sujetos a un régimen especial, en virtud del cual gozan de facultades especiales diferentes a las de los municipios”.

Pero para que se concrete el paso de Cali a distrito especial, como lo faculta la Ley 1933, la ciudad requiere una reorganización tanto administrativa como territorial. 

“Necesitamos descentralizar el poder y tener alcaldes locales con capacidad resolutiva”, afirmó el alcalde Jorge Iván Ospina luego del foro ‘Distritos Especiales, fortalecimiento de la descentralización en Colombia, celebrado el pasado 5 de abril.

Ospina le apuesta a que antes de finalizar su mandato quedará listo el proceso que permitirá la elección del alcalde mayor, como ocurre en Bogotá D.C, y el de los ediles, que a su vez presentarán la terna para elegir a los alcaldes locales.

Reconocida como la ‘Capital deportiva de América’ o ‘Capital mundial de la salsa’, la ciudad busca ser elevada a la categoría de epicentro deportivo, turístico, empresarial y de servicios. Y como Distrito Especial facilitaría la inversión nacional y extranjera en estos campos. Además, reforzaría el área administrativa, territorial, social y económica, en aras de mejorar la calidad de vida y participación ciudadana.

Cali se va a transformar ante los ojos de miles de caleños que han vivido a lo largo de sus años en 22 comunas y 15 corregimientos. Con el nuevo ordenamiento territorial es posible que se conviertan en seis localidades, el esquema que fue planteado desde la administración de Maurice Armitage.

Sin embargo, esta idea inicial está sujeta a modificaciones. “Estamos evaluándola y adelantamos talleres con la comunidad para ver si es necesario hacerle ajustes. Evaluamos la posibilidad de crear una localidad para el suelo rural de ladera”, manifestó  Roy Alejandro Barreras, director del Departamento Administrativo de Planeación, durante el mismo foro.

Como característica especial, que implicaría la división de la ciudad por localidades, sería que cada una manejaría su plan de desarrollo local, y asimismo su fondo económico respectivo a través del banco de presupuesto.

Para la salud, su administración conllevaría novedades, un concepto que aclaró la secretaria de Salud Pública de Cali, Miyerlandi Torres, a un diario local. “Eso no es algo nuevo, lo que cambia es que ya la habilitación y el permiso no lo da la Secretaría Departamental, sino que lo otorgamos a través de la Secretaría Distrital de Cali”. 

Torres también explicó que entonces la Secretaría Distrital de Cali tendría las facultades necesarias para vigilar, y en su defecto, sancionar “a quienes no cumplan con la calidad y la capacidad en la prestación del servicio”.

En esas mismas declaraciones, la secretaria de Salud Pública de Cali recalcó: “Para los ciudadanos que son dueños de entidades, clínicas, hospitales, ahora se van a entender directamente con la Secretaría Distrital. Dueños de farmacias, veterinarias, también se entenderán con nuestra secretaría”.

Durante ese foro de ‘Sostenibilidad Financiera de los Distritos Especiales’ se hicieron diferentes análisis, discusiones y estrategias implementadas en otros distritos del país, con el fin de conocer el panorama de este nuevo reto para Cali.

Al respecto, Luz Marina Zapata, directora ejecutiva de Asocapitales, manifestó ante la opinión pública que este proyecto es “una apuesta para que Cali sea una ciudad más incluyente. Que las minorías puedan llegar a tener acceso a los círculos de poder, y que sus necesidades se vean plasmadas en esa descentralización”.

Empero, recordó que Cali tiene el reto de que este proyecto “no se vuelva una carga tributaria de financiación enorme”. Es por eso que ella apoya la configuración de seis localidades.

En cuanto al manejo presupuestal se refiere, Roy Alejandro Barreras, director de Planeación Distrital, precisó: “DADI (Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional) está identificando cuáles serían las funciones que vamos a desconcentrar en esas alcaldías locales, con eso sabremos cuánto va a costar”. 

Lo que sí es seguro es que por ley, desde el “Fondo de Desarrollo Local habrá como mínimo el 10 % de los ingresos de libre destinación, que hasta la última son de $110 000 a $120 000 millones”, agregó Barreras.

Frente a las razones que implicó incluir a Cali como distrito especial, Barreras opinó que Cali es una de las ciudades con “mayores retos y problemáticas. Tenemos más violencia y pobreza que Medellín, Bogotá y Barranquilla, y al mismo tiempo somos de los que menos presupuesto tiene para afrontar esas dificultades”.

Por otra parte, Carlos Alberto Rojas, gerente de Cali Distrito detalló sobre los estudios técnicos de este proyecto. “Son tres; uno el que hace Hacienda frente a la sostenibilidad de las localidades, el segundo lo hace el DADI sobre rediseño institucional, y un tercero que hace Planeación, sobre las responsabilidades que van a las nuevas JAL (Juntas de Acción Local) y a los nuevos alcaldes sobre la construcción del plan desarrollo local”.

Según Rojas, el Dagma (Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente)  pasará a ser una empresa pública ambiental. En la actualidad, esta entidad solo maneja el perímetro urbano de Cali. “En la nueva transición tendrá que definir cuál es el tipo de autoridad que puede ejercer en los 15 corregimientos. Hoy, esa autoridad la ejerce la CVC”.

Con este proceso, Cali se uniría a las ocho ciudades que optaron por convertir a su ciudad en Distrito Especial: Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Buenaventura, Riohacha, Mompox y Tumaco. Medellín, por su parte,  está analizando la viabilidad de esta transición para su ciudad.

Para la ‘Sucursal del cielo’, concretar la fase descrita sería dejar atrás la Ley 1551 que la definía e incluía en el Régimen Político Municipal. Con esta transición, se presume que distribuiría mejor los recursos, para abatir las problemáticas que afronta, hasta el último rincón de la ciudad.

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